LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO COMO FUNCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y AGILIZAR LOS PROCESOS PENALES [Ley 32130]

LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO COMO FUNCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y AGILIZAR LOS PROCESOS PENALES [Ley 32130]

AUTOR: LEGALIDAD.PE

La Ley N° 32130, promulgada en Perú, modifica el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo N° 957) con el objetivo de fortalecer la labor investigativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) y mejorar la celeridad de los procesos penales. Esta ley responde a la necesidad de hacer más eficientes las investigaciones criminales y a la sobrecarga de casos que enfrenta el sistema de justicia penal.

Puntos claves de la Ley N° 32130:

1. Mayor protagonismo de la Policía Nacional en las investigaciones:

La ley refuerza el rol de la Policía Nacional en las etapas iniciales de investigación del delito. Se le otorga mayor autonomía y capacidad para llevar a cabo las investigaciones preliminares sin depender completamente del Ministerio Público, agilizando así la recolección de pruebas y testimonios.

2. Colaboración entre la Policía Nacional y el Ministerio Público:

Aunque se refuerza el papel de la PNP, la ley mantiene la coordinación entre esta y el Ministerio Público. La Policía podrá realizar diligencias bajo la dirección funcional del fiscal, pero con mayor flexibilidad para actuar ante situaciones urgentes o flagrantes.

3. Agilización de los procesos penales:

La modificación busca reducir los tiempos muertos en los procesos penales. Al permitir que la PNP avance con la investigación de manera más autónoma, se prevé que se reduzcan las demoras en la formalización de las denuncias y la acumulación de casos pendientes. Esto es crucial para enfrentar la sobrecarga de expedientes y garantizar una justicia más rápida.

4. Incorporación de tecnología en los procesos investigativos:

La ley también contempla el uso de tecnologías y sistemas de información modernos para mejorar la eficacia de las investigaciones. Esto incluye la posibilidad de implementar bases de datos compartidas entre la policía, el Ministerio Público y otros organismos judiciales para facilitar el intercambio de información.

5. Mayor enfoque en la criminalidad organizada y delitos graves:

Esta ley se orienta a mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos complejos como la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros. El refuerzo en las capacidades investigativas de la PNP es clave para atacar estas problemáticas.

Impacto en el sistema judicial:

Descongestión del sistema judicial: Al fortalecer las capacidades de la PNP en las investigaciones preliminares, se busca evitar la acumulación de casos sin avances significativos en el Ministerio Público y reducir el número de casos que llegan a los juzgados sin una preparación adecuada.

Mayor eficacia en la lucha contra el crimen: Con una PNP mejor equipada y facultada para actuar rápidamente, se espera un incremento en la resolución de casos, especialmente en delitos de mayor gravedad o criminalidad organizada.

Desafíos y críticas:

Supervisión adecuada: Un aspecto a considerar es que este incremento de poder para la PNP podría generar preocupaciones sobre posibles abusos de autoridad o falta de supervisión adecuada, lo que requerirá mecanismos de control internos más rigurosos.

Capacitación y recursos: Para que esta ley sea efectiva, la PNP deberá contar con mayores recursos y formación especializada para enfrentar las nuevas responsabilidades que le son otorgadas.

En resumen, la Ley N° 32130 es una medida que busca optimizar la respuesta estatal frente al crimen a través de un fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Policía Nacional del Perú y una mayor celeridad en los procesos penales, lo que podría tener un impacto positivo en la eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, su implementación exitosa dependerá de la adecuada provisión de recursos y la supervisión de las nuevas facultades conferidas.